«Más de 200 mil caleños están en riesgo de verse más afectados por presuntas irregularidades en la ESE Oriente»: Concejal Roberto Ortiz

El concejal Roberto Ortiz pidió un acompañamiento especial de los organismos de control a la ESE Oriente, tras las recientes denuncias que evidencian un desorden administrativo.

Según Ortiz, los trabajadores están revelando un déficit financiero que pondría en riesgo el correcto funcionamiento de la entidad, la cual tiene a su cargo 26 IPS de cuatro comunas del oriente de Cali.

“Hoy más de 200 mil caleños están en riesgo de verse afectados en su servicio de salud por todas las presuntas irregularidades que existen”, dijo el cabildante.

Además, indicó que es necesaria una exhaustiva investigación al manejo de los recursos de la ESE Oriente y su contratación, “para que determinen si hay personal fantasma devengando algún salario. Hay que acompañar a los trabajadores y a la comunidad que está en la defensa de la institución pública, de los recursos de todos los caleños”.

Su pronunciamiento lo hizo luego de una protesta pacífica adelantada por algunos habitantes en inmediaciones del hospital Carlos Holmes Trujillo, pidiendo la renuncia al gerente Óscar Ipia por considerarlo como el responsable del caos que vive esta importante casa de salud caleña.

Elizabeth Beltrán, lideresa social de la comuna 14 resaltó durante la manifestación que “Óscar ha contratado más de 15 abogados, ha contratado más gente administrativa que asistencial, no hay ni siquiera tarros cropologícos o insumos para odontología”.

Por su parte Rodolfo López, trabajador del hospital Carlos Holmes Trujillo, dijo “toca ahora remendar impresoras, no hay repuestos, no se actualizan los equipos informáticos, estábamos trabajando con computadores alquilados y ya los recogieron”.

Cabe recordar que la incertidumbre laboral y administrativa para la ESE Oriente comenzó el pasado 31 de mayo cuando el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró insubsistente al gerente Óscar Ipia, pero dos meses después, el Tribunal Superior de la capital del Valle ordenó su reintegro como respuesta a una acción de tutela interpuesta por Ipia, por considerar que se le habían vulnerado derechos como al trabajo, debido proceso administrativo, entre otros.